Ésta es la principal conclusión de un informe del departamento de Asuntos Públicos de la consultora Llorente y Cuenca al que ha tenido acceso Efeagro, elaborado en base a contactos con partidos políticos, grupos parlamentarios y representantes del Gobierno y en el que se analiza el escenario regulatorio de cara a 2020 para la industria de la alimentación y las bebidas.

Los autores del documento apuntan a que éste es “el primer sector industrial del país” y es clave en la “difusión de la marca España”, lo que sumado al cada vez mayor interés de la opinión pública sobre la alimentación y sus efectos en la salud “sitúa al sector ante un permanente escrutinio”.

Siete tendencias

Entre las siete tendencias que detectan en materia de legislación, destacan cuestiones vinculadas con el medio ambiente como la futura Ley de cambio climático, las políticas de reciclado de envases, las novedades en movilidad y la lucha contra el desperdicio alimentario.

Otro epígrafe se centra en la búsqueda de productos más saludables, lo que ha derivado en una “mayor presión regulatoria” sobre el azúcar, la sal, las grasas, la acrilamida y los componentes químicos.

Políticos y legisladores auguran igualmente más controles de disruptores endocrinos y pesticidas presentes en los alimentos, además de prever reforzar las inspecciones para detectar fraudes dentro del sector, como el de la carne de caballo en 2013.

Igualmente se observa una “creciente e imparable sensibilidad social” sobre el bienestar animal, que ya se nota por ejemplo en la apuesta de algunas cadenas de supermercados por vender huevos de gallinas criadas fuera de jaula.

“En España, el Parlamento andaluz va a ser el primero en debatir una ley sobre bienestar animal fuera del entorno doméstico, lo que afecta a las granjas. Y al menos dos grupos parlamentarios tienen intención de llevar este asunto al plano nacional en el corto-medio plazo, es decir, en esta legislatura”, reza el informe.

Mención aparte merece el capítulo de “desinformación” y “fake news” (noticias falsas), con un Gobierno que “considera que debe actuar pero aún desconoce cómo”, según apuntan desde Llorente y Cuenca.

La propagación de productos y dietas “milagro” y la confusión entre los consumidores por la exageración en las etiquetas sobre los supuestos beneficios de algunos alimentos procesados pueden ser objeto de nuevas normativas, a lo que se añadirá previsiblemente un mayor control sobre la alimentación escolar y la publicidad infantil.

La introducción de insectos en la dieta -que ya es una realidad- o la futura llegada al mercado de carne creada en laboratorio exigirán actualizar la legislación, e igualmente se prevé un “aumento de las cargas impositivas y las restricciones a la publicidad” en materia de bebidas alcohólicas.

Fuente: EFEAgro