El sector productor porcino de Catalunya y la Asociación de Desimpacto Ambiental (Adap) han anunciado este martes alegaciones a la reforma del sector eléctrico reclamando el mantenimiento del actual precio del megawatio de electricidad al que venden las plantas de cogeneración de tratamiento de purines.

La reforma del sector elimina en estas instalaciones la consideración de producción de energía en régimen especial, una circunstancia en la que las organizaciones del porcino consideran que el Gobierno no ha tenido en cuenta que las plantas de cogeneración han demostrado ser un instrumento útil para la gestión de purines en las zonas de mayor densidad ganadera.

Los representantes de las agrupaciones han argumentado este martes en la Cámara Agraria de Lleida en rueda de prensa que la reducción que plantea el Estado de un 40% –al pasar de 156 euros por megawatio a 100 euros– abocaría al cierre a las 29 plantas existentes en España, de las que seis están en Catalunya.

De las seis plantas catalanas de secado de purín con cogeneración, cuatro están ubicadas en Lleida (dos en Juneda, una en Alcarràs y otra en Miralcamp) y dos en Barcelona, una en Santa Maria de Corcó y otra en les masies de Voltregà.

Rosend Santiveri, representante de Unió de Pagesos; Pere Roqué, presidente de Asaja; Ramon Armengol, de la Federación de Cooperativas Agrarias; Ricard Pares, director de Porcat; Jaume Bernis, responsable de porcino de Jarc; Vicens Tarancón, portavoz de Anprogapor, y Josep Capdevila, presidente de Adap, han considerado que la nueva ley ahora en fase de exposición pública y que modifica la retribución hace inviable su continuidad.

Según estas entidades, la medida perjudica a las empresas propietarias de las plantas, algunas de ellas todavía sin amortizar, y a los ganaderos de las zonas con mayor densidad ganadera que llevan a estas instalaciones el purín de sus granjas.

En opinión de los representantes del sector, esta ley es discriminatoria, porque trata peor la cogeneración con purín que la cogeneración con alpechín, el residuo de la aceituna.

Para Capdevila, la normativa se basa en un cálculo erróneo que tendría que subsanarse: «Pensamos que no es ánimo del Ministerio de Industria cerrar todo un sector», ha afirmado en rueda de prensa.

Para lograr la modificación de la ley, las organizaciones agrarias han pedido a la Generalitat que transmita su reclamación al Estado, han anunciado que no descartan convocar movilizaciones, y han hecho llegar sus reivindicaciones a los distintos grupos del Congreso; Adap ha convocado una asamblea extraordinaria este miércoles en Madrid para concretar las alegaciones.