Las industrias recurrirán la multa y la ministra Isabel García Tejerina teme que la sanción afecte la viabilidad de la industria y salpique a los productores.

La multa millonaria de 88,2 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) a nueve empresas y dos asociaciones que operan en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca ha generado un aluvión de reacciones por parte de los productores, el Gobierno central y de las propias industrias sancionadas. La CNMC justifica la multa porque estas empresas habían intercambiado información a nivel nacional y regional sobre precios de compra de leche, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche.

Desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y medio Ambiente, la ministra Isabel García Tejerina ha mostrado su preocupación por cómo pueda afectar la multa a la viabilidad de las industrias lácteas sancionadas y, con ello, que pueda repercutir negativamente también en los ganaderos.

Multa preocupante
La ministra ha reconocido que este asunto le preocupa “como responsable de la industria y como responsable de los ganaderos” y confía en que no tenga consecuencias “severas” para estas industrias y acabe siendo perjudicial “para los 17.000 ganaderos”.

Por la parte productora, habló el presidente de la Organización Interprofesional Láctea (Inlac), Ramón Artime, quien aseguró que la multa suponía una “seria advertencia” a la industria para que “haga las cosas de otro modo”. Añadió además que la sanción confirmaba que las empresas mantenían “acuerdos entre bastidores” y mostró su preocupación porque estas sanciones abultadas no hacen bien al sector.

Desde las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, han valorado la multa aunque han expresado cierta preocupación por los efectos que pudiera tener en el sector.

Recurren ante la Audiencia Nacional
Y las propias empresas lácteas sancionadas han hecho público su intención de recurrir la multa ante la Audiencia Nacional porque no están de acuerdo ni en los hechos ni en las conclusiones a las que llega la CNMC.

La multa total, la cuarta de mayor cuantía impuesta por la CNMC a lo largo de su historia, se reparte entre Danone, que tendrá que abonar 23,2 millones de euros; Corporación Alimentaria Peñasanta (21,8 millones de euros); Grupo Lactalis Iberia (11,6 millones de euros); Nestlé España (10,6 millones de euros) y Puleva Food (10,2 millones); Calidad Pascual (8,5 millones de euros).

A ellas se añade, Senoble Ibérica S.L. S.L. (929.644 euros); Central Lechera Asturiana S.A.T. (698.477 euros); Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (200.000 euros); Asociación de Empresas Lácteas de Galicia: 100.000 euros y Central Lechera de Galicia S.L. (53.310 euros).

(Fuente: EFEAGRO)